El caso deJoaquín Sperani, el niño de 14 años que fue asesinado por su amigo en la ciudad cordobesa de Laboulayey que conmocionó a toda la comunidad educativa, amigos y familiares, tomó relevancia en los últimos días tras una petición millonaria que recibieron los padres del asesino y la Provincia.
La demanda civil realizada por los familiares de Joaquín, es por una suma de$600 millones contra el Gobierno provincial“por daños y perjuicios como ente rector, a través delMinisterio de Educación”, de la escuelaIPEM 278 Malvinas Argentinas.
Esta situación también alcanza a los padres del adolescente de 14 años, que cometió el asesinato, como “progenitores y responsables de los actos de su hijo”, indicó a un medio local el abogado querellante,Raúl Frencia.
En declaraciones a El Doce tv, el letrado se refirió al rol del colegio y en este sentido señaló que “no ejerció el deber de garantía para que no le pasara nada” al niño, ya que en ese horario “estaba al cuidado de la institución”.
No obstante, explicó que elGobierno de Córdobadelega a la cartera de Educación y ésta, en consecuencia, a las escuelas, “la responsabilidad de tener chicos indemnes de perjuicios”. “En este caso, el daño fue agravado por la muerte de Joaquín”, agregó.
La decisión llevada a cabo por los padres de Joaquín se da luego de que se conociera que la causa está a punto de archivarse debido a que hoy no hay detenidos. El único acusado fue liberado meses después de cometer el atroz crimen por ser inimputable, y además porque no se pudo determinar que haya habido una tercera persona que participe del hecho. En ese momento el acusado había señalado que “no hubo participantes, que todo sucedió a partir de una fuerte discusión”.
Ante eljuez de Control, Niñez, Adolescencia, Penal Juvenil, Violencia Familiar y de Género y Faltas, Sebastián Ignacio Moro, el autor del crimen había confesado su responsabilidad remarcando que “no tuvo intención” de matarlo.
En su relato contó que “tomó un fierro y le pegó en la cabeza” lo que le provocó un daño encefálico que derivó en el deceso. Además, la autopsia determinó que el cuerpo de Joaquín tenía múltiples golpes en la cabeza que le ocasionaron politraumatismo de cráneo.
Tras la confesión, el juez determinó que el menor regrese al cuidado de su familia y se someta a un “tratamiento multimodal psicoterapéutico, individual, grupal y familiar de tiempo prolongado”.
Esta decisión provocó indignación en la familia de la víctima. “La Justicia está tomando decisiones que no son correctas. Nunca existieron los derechos para Joaquín. Mató y salió como si nada”, declaraba a la prensa local, la mamá Mariela Flores.
