La devastación provocada por el doble sismo que golpeó Venezuela el pasado 24 de junio pareció relegar momentáneamente a un segundo plano el nuevo esquema de diálogo impulsado por Washington para gestionar la transición política del país.
Pocos días antes de la tragedia, la Casa Blanca había introducido un cambio significativo en su estrategia al incorporar formalmente a la Asamblea Nacional (AN) electa en 2015, presidida por Dinorah Figuera, dentro de un proceso que hasta entonces se había desarrollado exclusivamente entre Washington y el gobierno interino, encabezado por Delcy Rodríguez.
El 11 de julio, Jorge Rodríguez —presidente de la Asamblea Nacional oficialista y hermano de Delcy Rodríguez— descartó ante los medios de forma tajante avanzar en la discusión de la hoja de ruta de cambio político.
"No tenemos cabeza para estarnos preocupando sobre el TSJ ahorita —dijo—, nos estamos preocupando es de personas que han sufrido lo indecible (…) Es un irrespeto, una grosería, es mentarles la madre estar reuniéndose entre políticos para estar decidiendo quién va para el CNE o quién va para el TSJ, no hay tiempo para eso".
No obstante, pocos días después, el 14 de julio, Dinorah Figuera, en representación de la AN 2015, anunció mediante un comunicado que, a partir del 1 de agosto, iniciaría una agenda de trabajo con el oficialismo orientada a promover la estabilidad, la democracia y la recuperación nacional.
Casi simultáneamente, Jorge Rodríguez, en representación del gobierno interino, a través de un escueto comunicado se desdijo, y confirmó el anuncio de Figuera. Por su parte, Marco Rubio respaldó la iniciativa al compartir el comunicado de la AN del 2015. Dos días más tarde, el Departamento de Estado apoyó públicamente la iniciativa, presentándola como un avance en el proceso de reconciliación política y de transición electoral pacífica.
Este conjunto de hechos deja entrever que la presión de la Casa Blanca obligó a Rodríguez a rectificar su posición y a reactivar el proceso de diálogo político con la AN del 2015. Este inesperado giro plantea varias preguntas: ¿por qué Rodríguez creyó que podría imponer su pretensión de posponer de forma indefinida el diálogo con la AN del 2015? Y, más importante aún, ¿por qué la Casa Blanca en menos de 72 horas, le salió al paso y lo llevó a modificar su posición?
Las declaraciones del 11 de julio de Jorge Rodríguez no se dieron en el vacío, sino que respondían a un contexto específico. Para entonces, la administración de la Casa Blanca había emitido algunas señales concretas que generaron preocupación en la oposición democrática venezolana y que, al mismo tiempo pudieron indicarle a Rodríguez que contaba con suficiente margen de apoyo político de Washington para suspender de manera tajante y unilateral el proceso de diálogo.
El doble sismo dejó al descubierto la mermada capacidad del Estado venezolano para gestionar desastres de gran magnitud, agravando la crisis humanitaria y erosionando aún más la confianza de los ciudadanos en Delcy Rodríguez. Ante ese escenario, todo parece indicar que la administración estadounidense optó por una política orientada a estabilizar al régimen venezolano.
El 29 de junio, en medio de crecientes cuestionamientos y críticas nacionales e internacionales, por la lentitud, incapacidad y descoordinación de la respuesta del gobierno de Delcy Rodríguez ante el doble sismo, John Barrett, encargado de negocios de EEUU en Venezuela, el más alto representante diplomático de Washington en el país, manifestó en una entrevista para Univisión un claro respaldo a la actuación del oficialismo. El diplomático aseguró haber observado una "transparencia total" en sus conversaciones con Rodríguez y afirmó que Washington trabajaba "hombro a hombro con nuestros nuevos amigos aquí en Venezuela".
Ese mismo día, María Corina Machado denunció desde Ciudad de Panamá que el gobierno de Delcy Rodríguez había cerrado el espacio aéreo comercial para impedir su regreso al país. Algunos medios, como The Wall Street Journal, revelaron que sus intentos de retornar también habían encontrado resistencia de la Administración Trump, que consideraba inconveniente su regreso en ese momento.
Una semana después, el 7 de julio de 2026, Donald Trump, descartó la celebración de elecciones en el corto plazo en Venezuela, colocando la reconstrucción del país como prioridad. "Tenemos que reconstruir el país. No podrían tener elecciones, ni siquiera sabrían cómo hacerlo ahora mismo", afirmó el presidente estadounidense, quien señaló que Washington se haría cargo de la reconstrucción de la infraestructura petrolera y que solo "en última instancia" se celebrarían elecciones.
En la misma fecha, circularon en los medios y en las redes fotografías de un encuentro del día anterior, en las que aparecen el general Francis Donovan, comandante del Comando Sur de Estados Unidos, y el encargado de negocios de la embajada estadounidense en Caracas, John Barrett, en conversaciones cordiales con Diosdado Cabello, quien está acusado por el Departamento de Justicia de delitos relacionados con narcotráfico y por cuya captura Washington ofrece una recompensa de 25 millones de dólares.
Este enfoque de la Casa Blanca no solo suscitó preocupaciones entre los sectores democráticos venezolanos, sino que también generó reacciones en la política interna estadounidense, donde voces influyentes, incluso republicanas, manifestaron críticas al régimen venezolano, al mismo tiempo que mostraban su preocupación por la posibilidad de que la emergencia humanitaria fuera utilizada como justificación para posponer o relegar a un segundo plano la transición democrática en Venezuela.
Una de estas voces es la del representante republicano por Florida Carlos Giménez. En una entrevista concedida a CNN, sostuvo que Washington debía condicionar la ayuda estadounidense destinada a atender las consecuencias del terremoto en Venezuela a la aceleración del proceso de restauración de la democracia en el país. Giménez calificó a Rodríguez como una "dictadora interina" perteneciente al antiguo régimen.
Por su parte, el senador republicano Rick Scott, en una entrevista con el periodista Jorge Agobián, advirtió que "los terremotos no son una razón para retrasar la fecha de unas elecciones, así que no hay ningún motivo para frenar este proceso". Igualmente sostuvo que Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello solo "quieren ganar tiempo para consolidar su poder".
En la misma dirección, el 1 de julio, dirigentes venezolanos-estadounidenses del sur de Florida le solicitaron públicamente a la administración Trump que intensificara sus esfuerzos para sacar del poder a la estructura gobernante, argumentando que el terremoto hacía más urgente una transición en Venezuela. El concejal del Doral, Rafael Pineyro, señaló que Estados Unidos "no puede seguir siendo cómplice de un régimen que continúa perjudicando al pueblo venezolano".
Estos cuestionamientos se repitieron el 14 de julio en la comparecencia ante el Senado de Michael Kozak, alto funcionario del Departamento de Estado. Durante la interpelación, varios senadores expresaron fuertes críticas y dudas sobre la estrategia de la Casa Blanca en Venezuela, señalando la falta de un calendario electoral, el riesgo de que Delcy Rodríguez utilice la transición para prolongarse en el poder, la marginación de figuras opositoras como María Corina Machado y la posibilidad de que la reconstrucción termine fortaleciendo las mismas estructuras chavistas que se pretende sustituir.
Es muy probable que este ambiente de crecientes cuestionamientos haya sido un importante catalizador que llevó a la Casa Blanca a exigir de manera perentoria a Jorge Rodríguez que se retractara e iniciara prontamente el diálogo con la oposición democrática venezolana. Para la administración Trump, el costo político de aparecer convalidando una maniobra dilatoria de los hermanos Rodríguez, amparada en la tragedia del terremoto, resultó demasiado alto de cara a las próximas elecciones de medio término.
Superado ese escollo, todavía el camino hacia una verdadera transición democrática sigue estando plagado de desafíos. El más urgente es articular un mecanismo de coordinación entre el interlocutor institucional designado por Washington y el resto de los actores políticos de la oposición democrática, en particular con María Corina Machado.
La tarea no es fácil y apenas está comenzando. Una reunión convocada por Machado y Edmundo González con la Plataforma Unitaria para analizar y definir una postura pública frente al mecanismo de diálogo promovido por la Casa Blanca no arrojó, hasta los momentos, ningún resultado concreto.
El 1 de agosto arranca así una negociación entre un oficialismo que no ha dado ninguna muestra de querer avanzar hacia una verdadera transición electoral y democrática y una oposición que todavía enfrenta el desafío de actuar de forma cohesionada.
(ms)