SAN JOSÉ, 3 ago (Reuters) - El Gobierno de Costa Rica dirigido por la presidenta Laura Fernández denunció el lunes ante la Corte Suprema de Justicia a cuatro magistrados de su Sala Constitucional, a quienes llamó "usurpadores", por haber emitido la semana pasada una sentencia con la que extendió el plazo en sus cargos de varios jueces suplentes de ese tribunal, en momentos de fuertes choques entre ambos poderes del país centroamericano.
El gobernante Partido Pueblo Soberano (PPSO) acusa a los magistrados del supuesto delito de prevaricato (actuar al margen de las leyes) al decidir prorrogar las funciones de magistrados suplentes cuyo plazo se venció en diciembre y cuyos sustitutos no han sido designados por la Asamblea Legislativa, controlada por oficialistas, que ha alegado objeciones sobre los candidatos y ha dilatado su designación por meses.
"Jamás cuatro magistrados usurpadores de la democracia van a poder imponerse a 31 diputados electos por el pueblo", dijo alzando la voz Fernández ante seguidores en las afueras de la sede del Poder Judicial, institución que considera adversaria en la transformación política liderada por Rodrigo Chaves, expresidente y actual ministro de la Presidencia y de Hacienda.
El Gobierno alega que carece de legalidad la sentencia adoptada por mayoría de cuatro votos contra tres, por lo cual acusa a los magistrados Fernando Cruz, Paul Rueda, Ingrid Hess y Jorge Araya de tomar funciones que son sólo de la Asamblea Legislativa.
Fernández calificó el viernes como "golpe de Estado" la sentencia de la Sala Constitucional, que rechazó abuso alguno y justificó la necesidad de garantizar la continuidad del tribunal encargado de proteger derechos fundamentales y de cumplimiento de la Constitución Política. El PPSO ha rechazado en varias ocasiones completar la elección de magistrados suplentes, en paralelo a frecuentes críticas desde el Ejecutivo contra el aparato judicial, al que atribuye ineficacia y corrupción.
También el Gobierno impulsa recortes presupuestarios que, según autoridades judiciales, limitan la acción contra bandas criminales causantes de la actual crisis de seguridad en el país.
(Reporte de Álvaro Murillo. Editado por Ana Isabel Martínez)