El gobierno de Claudia Sheinbaum comenzó a construir una propuesta para regular el acceso de menores a plataformas digitales y redes sociales. El proceso todavía carece de un proyecto definido. La Presidencia abrió foros regionales después de discutir públicamente los efectos del uso excesivo y la posibilidad de elevar a 16 años la edad mínima para mantener cuentas. Esa última medida fue recomendada el 3 de agosto por Jonathan Haidt durante la conferencia presidencial y quedó incorporada a una deliberación que también abarca el uso de teléfonos dentro de las escuelas. El gobierno prevé presentar una propuesta durante el siguiente ciclo escolar.
La consulta comenzó sobre un marco jurídico que ya reconoce desde diciembre de 2024 el derecho de las personas menores de edad a utilizar internet de manera segura. El artículo 101 Bis 3 de la legislación general ordena al Estado impulsar políticas contra el ciberacoso y la violencia digital. La norma carece de estándares técnicos exigibles a cada plataforma y deja indefinida una autoridad capaz de auditar resultados.
El Congreso mexicano tampoco ha acordado una edad. Los umbrales de prohibición propuestos abarcan de 13 a 15 años y el consentimiento familiar se extiende hasta los 16 o los 18 según la iniciativa. Algunos proyectos mantienen la autorización como requisito central. Otros se concentran en privacidad predeterminada y minimización de datos. La falta de un dictamen común deja abierta la elección entre impedir cuentas y regular las funciones disponibles después del registro.
En la postura que compartió con El Economista, Meta plantea que la primera comprobación de edad ocurra cuando una familia configura un teléfono. Apple o Google comunicarían después a cada aplicación el rango correspondiente al usuario. Las redes sociales tendrían que adaptar su funcionamiento a esa señal y conservarían la responsabilidad por la seguridad del producto. El esquema busca evitar que una persona entregue documentos de identidad por separado a cada servicio. También alcanzaría aplicaciones ajenas a la definición jurídica de red social.
Apple y Google ya disponen de partes de esa infraestructura. La app Declared Age Range permite que una cuenta infantil comparta con una aplicación su intervalo de edad después de recibir autorización familiar. Apple asegura que el desarrollador carece de acceso a la fecha de nacimiento. La app Play Age Signals de Google devuelve señales para crear experiencias adecuadas y prohíbe utilizarlas en publicidad o elaboración de perfiles.
La referencia jurídica de Meta es la legislación brasileña. La Ley 15.211 de 2025 creó el Estatuto Digital de la Niñez y su decreto reglamentario, publicado el 18 de marzo de 2026, ordena a las tiendas y los sistemas operativos proporcionar gratuitamente señales de edad. El decreto impide transmitir la identidad civil y prohíbe reutilizar los datos para perfiles de comportamiento. Cuando una estimación realizada por una aplicación contradiga la señal del dispositivo, deberá aplicarse la clasificación que otorgue mayor protección al menor.
Brasil distribuye la responsabilidad entre los participantes sin convertir la señal en una exención. El proveedor que la recibe debe modificar la experiencia y mantener medidas propias de comprobación. También tiene que ofrecer un procedimiento para corregir una clasificación equivocada.
Meta defiende esa arquitectura como respuesta a un problema de escala. La postura de la compañía señala que un adolescente utiliza más de 40 aplicaciones por semana entre servicios de comunicación y entretenimiento. Una regla limitada a Instagram o TikTok podría desplazar su actividad hacia espacios con menos recursos de moderación. El argumento coincide con una advertencia de la Unicef sobre restricciones por edad, la cual señala que una prohibición aislada puede empujar a los menores hacia servicios menos seguros y reducir sus oportunidades de desarrollar habilidades digitales.
La compañía rechaza una prohibición general y propone que la legislación intervenga sobre el diseño de los productos. Según su postura, impedir cuentas hasta determinada edad enfrenta dificultades de ejecución porque las personas pueden alterar su fecha de nacimiento, utilizar perfiles compartidos o entrar a plataformas excluidas de la ley. Meta considera que una señal emitida por el dispositivo reduce esa exposición y permite aplicar reglas distintas según la etapa de desarrollo.
La postura se apoya en un producto que opera en México. Instagram comenzó a colocar automáticamente a los usuarios adolescentes del país en Cuentas para Adolescentes durante febrero de 2025. La empresa anunció después la extensión del esquema a Facebook y Messenger. Las cuentas son privadas de manera predeterminada y restringen los mensajes a personas que el usuario sigue o con quienes mantiene una conexión previa. Los menores de 16 años requieren autorización familiar para disminuir las protecciones. Entre los 16 y los 17 pueden modificar más opciones por cuenta propia, una diferencia que Meta relaciona con el principio de autonomía progresiva reconocido en la Convención sobre los Derechos del Niño.
El sistema limita las recomendaciones de contenido considerado sensible y reduce la aparición de material sobre violencia gráfica. Las búsquedas vinculadas con autolesiones o trastornos alimentarios conducen a recursos de apoyo y ocultan determinados resultados. Meta reportó en junio que esas cuentas observaron 68% menos contenido maduro que la experiencia adolescente de una plataforma competidora.
Las protecciones de contacto intentan reducir el acercamiento de cuentas sospechosas. Meta afirma que analiza más de 60 señales públicas y metadatos para localizar adultos que reciben bloqueos o denuncias de menores. Esas cuentas pueden quedar fuera de las recomendaciones y perder la posibilidad de iniciar conversaciones. La protección contra desnudos difumina imágenes detectadas y advierte antes de enviarlas.
La postura de Meta también responde al conflicto entre el tiempo de uso y su modelo basado en publicidad. Las cuentas protegidas muestran un recordatorio después de 60 minutos diarios y silencian las notificaciones entre las 10 de la noche y las 7 de la mañana. La supervisión familiar permite establecer un límite más corto y bloquear el acceso cuando se agota. La compañía sostiene que el aviso está diseñado para inducir al usuario a cerrar la aplicación.
Luis Ángel Hurtado Razo, investigador de la UNAM, considera que el vacío mexicano rebasa la apertura de cuentas porque la regulación debe atender el desarrollo psicológico y los efectos corporales vinculados con el descanso. En entrevista, explicó que los sistemas de recomendación pueden presentar una reconstrucción parcial de la realidad y prolongar la permanencia mediante estímulos sucesivos. Para el académico, el problema regulatorio incluye la arquitectura que selecciona contenido y mantiene activa la interacción, además de las conductas ilegales que ocurren entre usuarios.
Hurtado relaciona el uso intensivo con ansiedad y alteraciones del sueño. La Organización Mundial de la Salud (OMS) encontró que el uso problemático entre adolescentes se asocia con menos horas de descanso y horarios más tardíos. La escasez de trabajos longitudinales impide establecer la dirección causal en todos los casos.
Hurtado incorpora además las violencias que adquieren escala mediante las plataformas. Mencionó el acoso persistente y la exposición de información personal. También describió el acercamiento de una persona adulta que gana la confianza de un menor con una finalidad sexual. El artículo 199 Septies del Código Penal Federal sanciona a quien contacte mediante telecomunicaciones a una persona menor de 18 años y le solicite imágenes sexuales o un encuentro. La reforma conocida como Ley Olimpia castiga la difusión de contenido íntimo sin consentimiento.
El investigador favorece un sistema gradual frente a un cierre uniforme. "Cada uno tiene necesidades distintas y, por lo tanto, hay leyes que se están ajustando [...] Hay un permiso dependiendo de la edad y del contexto. Y están las prohibitivas, que son las leyes en las cuales, con el simple hecho de ser menor a cierta edad específica, no va a poder acceder a redes sociales ni a ciertos portales específicos", explicó Hurtado Razo. En su planteamiento, una cuenta infantil tendría más restricciones al principio y obtendría mayores márgenes de decisión durante la adolescencia.
Ese avance tendría que acompañarse con educación para los medios. Hurtado Razo sostiene que el conocimiento sobre el funcionamiento de las plataformas permitiría abrir gradualmente algunos accesos. La propuesta requiere enseñar cómo opera un sistema de recomendación y cómo se protege una cuenta. También implica que una persona menor de edad pueda reconocer una interacción riesgosa y utilizar las rutas de denuncia.
El criterio coincide con el principio de capacidades en evolución establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño. El tratado obliga a considerar la edad y la madurez cuando una persona menor ejerce sus derechos. Unicef señala que todavía carece de consenso la elección de los factores psicológicos que deberían determinar una edad mínima universal.
Hurtado Razo rechaza que esa comprobación deba producir una base de datos con información biométrica de menores. "Esto es bien riesgoso. Yo tajantemente estoy en contra de que se haga eso, un registro biométrico, porque no saben quién está como responsable y cómo se puede utilizar posteriormente. Esos infantes no van a ser siempre infantes, van a crecer y posteriormente van a ser adultos", afirmó. Una filtración de esos registros conservaría valor después de que el titular alcanzara la mayoría de edad.
La Comisión Europea desarrolló una alternativa que limita la información entregada a las plataformas. Su sistema de verificación, disponible técnicamente desde el 15 de abril de 2026, permite acreditar que una persona supera los 18 años sin compartir su identidad ni otros datos personales con el servicio. El mecanismo puede adaptarse a rangos distintos.
El investigador pide que la protección de los datos se distribuya entre las empresas y el Estado. "Una responsabilidad conjunta, en la cual tanto la plataforma como el gobierno van a estar atentos con esos datos y ese resguardo y que se hagan responsables, porque si se da una filtración o un acceso [...] eso está bien complicado, es muy riesgoso", sostuvo. La autoridad establecería las condiciones para tratar la información y podría supervisar su cumplimiento. Cada empresa conservaría la obligación de proteger los datos que obtiene dentro de su servicio.
Hurtado Razo incluye la forma en que las redes seleccionan contenido dentro del problema regulatorio. Atribuye parte de las afectaciones al diseño de la red social y al algoritmo que ordena lo que aparece en la pantalla. La OMS encontró señales de uso problemático en 11% de casi 280,000 adolescentes consultados en 44 países y regiones durante 2022. Ese patrón se asoció con menor tiempo de sueño y horarios de descanso más tardíos. La asociación estadística carece del alcance necesario para atribuir cualquier afectación a una sola función o establecer una relación causal aplicable a todos los menores.
Australia ofrece la primera medición nacional de una restricción general. Desde diciembre de 2025, las plataformas alcanzadas por la ley deben tomar medidas razonables para impedir que los menores de 16 años mantengan cuentas. La proporción de participantes de 10 a 15 años con una cuenta en esos servicios descendió de 52 a 42% durante los primeros tres meses. El uso de alguna plataforma restringida pasó de casi 86 a poco más de 81% porque los menores todavía podían entrar sin iniciar sesión o mediante cuentas compartidas.
El uso diario australiano registró un cambio menor y pasó de alrededor de 61 a 58 por ciento. El regulador informó que todavía era temprano para medir consecuencias duraderas sobre el bienestar y mantendrá la evaluación durante dos años. Los resultados iniciales muestran que la ley redujo la propiedad de cuentas con mayor intensidad que el uso efectivo.
La discusión mexicana tendrá que determinar dónde se comprueba la edad y qué cambia después de identificar al usuario. Meta propone que esa función comience en los teléfonos administrados por Apple y Google. Las experiencias revisadas muestran que una señal de edad adquiere utilidad cuando activa protecciones dentro del producto y queda sujeta a supervisión pública. La autoridad tendría que comprobar cuántos usuarios son identificados con una edad equivocada y si los menores siguen recibiendo contenido que debería estar restringido.