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Thursday, 16 July 2026, 08:58
Las 28 listas que competirán en Córdoba en las elecciones Paso del 13 de agosto recibirán aportes públicos por $ 760 millones, monto que debería estar destinado a la impresión de 260.532.480 millones de boletas (cada una de 12 por 9,5 centímetros), una muestra cabal del despilfarro de recursos del sistema de votación que se utiliza en los comicios nacionales.
Para tener dimensión: si se pusieran todas esas boletas, una al lado de otra, cubrirían una distancia de 24.750,5 kilómetros, es decir, cuatro viajes desde Córdoba hasta Miami. La ley de partidos políticos obliga al Estado nacional a proveerle a cada una de las listas de los recursos para imprimir sus boletas. Para esta Paso, el cálculo oficial es que cada lista debe recibir $ 2,92 por cada tramo (cada categoría es un tramo).
En el caso de Córdoba, el máximo de tramos por lista es cuatro: presidente y vice, Parlasur, diputados nacionales y Parlasur regional.
Así, las listas que compiten en los cuatro tramos recibirán $ 11,68 por boleta, monto que debe multiplicarse por el padrón de Córdoba: 3.065.000, aproximadamente.La ley fija que cada lista debe imprimir para las Paso la cantidad de boletas equivalente al padrón de su distrito, como si todos los electores concurriesen a votar y todos lo hicieran por una única boleta. En el caso de Córdoba, el padrón debe multiplicarse por 28, que es la cantidad de listas que habrá en el cuarto oscuro, y además por la cantidad de tramos en la que se compite.
Vale una aclaración importante: por un fallo de la Corte Suprema de la Nación, el Estado financia a las listas, no al partido o a la alianza, por lo que el monto crece exponencialmente y, a más listas, más dinero.
En las Paso, habrá en Córdoba 15 listas que presentarán candidatos en todos los tramos y recibirán, cada una, $ 35,7 millones.
Las 12 que presentan candidatos sólo a diputados nacionales y a Parlasur regional recibirán $ 17,9 millones cada una. Y hay una que compite sólo para el tramo diputado y se le acreditará $ 8,9 millones
El monto global asciende a los $ 760.754.581. En otras palabras: la interna les sale gratis a los partidos políticos.
El caso emblemático de Córdoba es el de Unión Popular Federal (UPF), el partido que comanda Mario Peral: inscribió seis listas con precandidatos a diputados y a Parlasur regional y una con precandidatos al tramo diputados, por lo que recibiría en total $ 116.350.734.
En la última elección nacional, UPF había cobijado a listas de libertarios y kirchneristas en un amplio abanico ideológico y obtuvo 16.374, es decir 0,8% del padrón, con la fórmula Agustín Spaccesi, para el Senado, y Jorge Scala, como cabeza de Diputados.Para esta votación, se presenta también el frente electoral Proyecto Joven, que tiene tres listas de precandidatos y recibirá del Estado nacional $ 107,4 millones para imprimir las boletas de sus respectivos lemas, encabezados por el locutor Armando Osores y Rodolfo Mario Cejas; Víctor Toledo y el exfutbolista Juan Spallina, y Hugo Flores y Julio César Pérez.
Esta agrupación tendrá, en conjunto, más dinero que las listas que competirán bajo el paraguas de Juntos por el Cambio, que recibirán $ 89.500.567, y que deben imprimir boletas para las opciones que encabezan Juan Carlos Forneris (no tiene candidatos a presidente ni a Parlasur); Pedro Dellarossa, que se acopla a la boleta de Horacio Rodríguez Larreta, y Luis Picat, que compite con la que encabeza Patricia Bullrich.
Los espacios “libertarios”, envueltos en una interna por el uso de los nombres de fantasía, también tendrán financiamiento estatal.
Viva La Libertad, que postula a Javier Milei para la presidencia y a Celeste Ponce como primera precandidata a diputada nacional, recibirá $ 35,8 millones, mientras que La Libertad Avanza, que no tendrá tramo nacional, debería percibir $ 17,9 millones para las boletas que llevan como precandidato a diputado a Santiago Piñeiro.
La Cámara Nacional Electoral, que controla a los partidos políticos, viene advirtiendo desde hace varias elecciones que este mecanismo de financiamiento, pergeñado por la propia política para sí misma, facilita el negocio de los sellos electorales y dificulta el control.
Por eso, en una acordada reciente, instruyó a las listas a pagar a las imprentas con transferencias bancarias o cheque cruzado, para tener la trazabilidad del dinero, y les pidió a los auditores de la Justicia que reforzaran los controles sobre el stock de papel de las imprentas. Algo difícil.
La Cámara Electoral recordó que las sospechas de “anomalías en la rendición de gastos del aporte público para la impresión de boletas de votación” vienen desde 2017, cuando la propia cámara “hizo notar el incremento exponencial de la cantidad de listas de precandidatos oficializadas para las elecciones primarias, que en aquel entonces implicaba un aumento de más del 400% en relación con comicios anteriores”.
La tradición es que cada lista le provea a la Secretaría Electoral del Juzgado Federal N° 1, a cargo de organizar la elección nacional, de unas 100 boletas por urna. Esto no es una exigencia legal.
Bajo esta premisa, el control efectivo podría hacerse sólo sobre las 9.097 mesas que se desplegarán el 13 de agosto en Córdoba (el número final de urnas puede ampliarse).
Por ejemplo: si se tomaran los cuatro tramos de las 28 listas (112 tramos) que se presentan, la auditoría debería controlar que se hubieran gastado $ 2.975.082, que demandaría la impresión de 909.700 boletas por agrupación (para las 100 por urna).
Aclaración: la responsabilidad de reposición de boletas el día de la elección es de cada agrupación.
En este escenario, en el limbo queda el control respecto de la impresión de unas 2.155.844 boletas restantes (un universo de $ 6,3 millones por lista), lo que da un monto aproximado de $ 427,5 millones de compleja fiscalización por parte del Estado.
El foco de la inspección, entonces, es determinar cuántas boletas imprime efectivamente cada una de las listas por fuera de las 100 que se estila enviar en cada urna.
